Merkel dixit

¿Por qué?, ¿por qué imponerse a sí mismos un techo de gasto? Nuestros socios europeos, especialmente los que poseen una economía más saneada, no desean prestar más dinero, y quieren imponer a toda la Unión un compromiso vinculante que limite su déficit. Nadie quiere pagar los pecados ajenos; en previsión de que tenga lugar una nueva recesión, Francia y Alemania quieren curarse de espanto y obligar a que cada país se apriete el cinturón antes de que tenga que recurrir a mamá Europa para pedir dinero. La llamada Europa solidaria se cubre las espaldas en tiempos de vacas flacas. A esto se le suma el hecho de que en el seno de la Unión Europea comienza a instalarse un pensamiento conservador que ve en el Estado de Bienestar keynesiano, de corte socialdemócrata, una grave amenaza a los intereses del poder financiero y la acumulación de riqueza. Proponen como tabla de salvación un adelgazamiento del gasto público y la creación de unos servicios sociales sostenibles, es decir, para quienes se los puedan pagar.

La desaceleración económica produce que el Estado disponga de menor volumen recaudatorio, pero que irremediablemente deba realizar un mayor gasto social, a causa de la destrucción de empleos y empresas. Las políticas conservadoras desconfían del gasto público (al que perciben como un derroche más que una inversión a largo plazo), prefieren ahorrar a la espera de que los tiempos mejoren. Pero mientras tanto, la ciudadanía sigue necesitando de servicios básicos que el Estado debe proporcionar, y estos solo se obtienen insuflando dinero en las arcas públicas. Si el Estado no tiene dinero, debe obtenerlo a través de una subida de impuestos o del endeudamiento. Sería injusto pedirle dinero a quien ya sufre en sus carnes los efectos de la crisis, por lo que solo queda exigir un compromiso económico a las grandes fortunas. No olvidemos que España está entre los diez países con más millonarios del mundo, un dato que alienta la indignación de la ciudadanía. Además de la recaudación fiscal, el Estado debe recurrir en situaciones extremas a la petición de préstamos con los que reactivar la formación, mantener sus servicios públicos e incentivar el empleo. Cuando estos préstamos son elevados, provocan que un país entre en un período de déficit peligroso. Lo ideal sería establecer un equilibrio sensible entre un mantenimiento del gasto público que asegure el sostenimiento de los servicios sociales y un control de un déficit sostenible, con topes que no comprometan los derechos sociales.

Esta es la intención del ejecutivo y por esta razón aboga por un acuerdo europeo en esta materia. Está comprometido en mantener el Estado social y a no sacrificarlo, pese a que la situación de crisis económica exija algunos ajustes indeseables. Sin embargo, no es irrelevante tener en cuenta los recelos de los escépticos; la nueva ola conservadora en Europa interpreta este limite al déficit como la antesala hacia el adelgazamiento del Estado de Bienestar. No sería aventurado afirmar que las políticas socialdemócratas sufren un grave y generalizado retroceso en la Unión Europea, en beneficio de un neoconservadurismo que se niega a exigir límites y contraprestaciones al sistema financiero. Incluso las socialdemocracias actuales han tenido que plegarse a medidas económicas centristas para calmar la voracidad de los mercados, con el objetivo de no comprometer las garantías sociales. Europa comienza a desconfiar del gasto social como una inversión de futuro, desviando su atención hacia los mercados financieros. Esto supone un retroceso en la construcción del Estado social solidario, dejando en manos de intereses particulares derechos constitucionales inalienables, como son el empleo, la salud o la educación.

Es racional desconfiar no de las buenas intenciones del ejecutivo, sino de las consecuencias posteriores que puede ocasionar la exigencia legal del un techo de gasto. Europa no se aplica en destruir los paraísos fiscales, en evitar la corrupción institucional o los delitos fiscales, en exigir mayores cargas a las grandes fortunas; no pone trabas políticas al sistema financiero, no lleva a juicio a aquellos que se enriquecieron haciendo pobres a la mayoría. Pero sí exige a sus socios socialdemócratas que dejen de gastar. La Europa futura es conservadora; mantener la convicción de que gastando en la ciudadanía estamos invirtiendo en riqueza será en décadas futuras predicar en el desierto. Zapatero acaba su legislatura firmando por presiones (pura y dura realpolitik) un texto auxiliar en nuestra Constitución que calma los temores de los conservadores y provoca perplejidad en los progresistas. Merkel dixit.

Ramón Besonías Román


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