Las ecuaciones de la señora Seguí



En principio, la Constitución, inspirada en la Declaración de Derechos Humanos, reconoce el derecho a la libre circulación por el territorio español. Cambiar de ciudad, viajar, trasladarse, son libertades básicas y gratuitas. O eso parecía. Lo digo porque la señora María Seguí, directora general de Tráfico, ha declarado a la prensa que «puede ser que la gente decida coger vías menos seguras para no pagar peaje. Hay que preguntarse si los que quieren poner peajes y los que no quieren pagarlos se olvidan de incluir la seguridad en la ecuación. Cuando tengo opción entre una carretera y una autopista de pago, yo escojo la de pago, hago una inversión en salud.»

El argumento posee en apariencia una lógica aristotélica. Tenemos dos opciones: ir por carretera convencional o pagar una autopista de peaje. La autopista de peaje nos asegura un viaje más cómodo y seguro. Luego cualquier ciudadano que estime su seguridad, confort y salud elegirá la autopista. No hay lugar para la duda. Si no fuera porque la lógica es una ciencia que obvia las contingencias que azotan la existencia humana; es decir, no introduce como premisa el hecho de que existen muchos ciudadanos que no pueden asumir el coste que supone transitar por autopistas de peaje. El argumento de la señora Seguí está construido sobre el axioma poco sólido según el cual España es un país en el el más pintado tiene suficiente dinero como para viajar por autopistas de peaje tantas veces como desee. De esto se pueden inferir dos conclusiones: una, la señora Seguí es ingenua o un alma de cántaro, o bien -esta opción es más plausible- la señora Seguí se está quedando con nosotros, intentando vendernos gato por liebre. 

La seguridad es la ecuación, afirma Seguí. Y se queda tan pancha. Según este argumento, todo español, independientemente de su renta, debe escoger la seguridad para él y su familia, obviando el coste económico que estos servicios pudieran ocasionarle. Es decir, que en el fondo la responsabilidad es del ciudadano y no del Ejecutivo.

Estoy convencido de que Seguí sabe que buena parte de la población tiene a todos sus miembros en paro o que vive bajo mínimos. Luego la directora general de Tráfico está intentando vender su moto destartalada como si fuera una GP rutilante. Vamos, que nos está engañando, y de paso insulta nuestra inteligencia. 

Lo que uno intuye de fondo en la actitud de la señora Seguí es el siguiente mensaje subliminal: si no puedes pagarte el peaje, te jodes, y te vas por carretera. Mileuristas, parados, desahuciados y demás pobres de nueva generación deben asumir que la autopista no es para ellos y que de seguro tendrán más probabilidades de tener un accidente de tráfico que un español que pueda permitirse este lujo. La seguridad es una ecuación elitista, pero Seguí nos la vende como una cuestión lógica, desligada de las circunstancias sociales de los usuarios. Una forma de argumentar muy habitual entre el rebaño conservador: analizar los datos económicos, obviando el efecto que producen sobre las personas afectadas por las decisiones políticas que se infieren de ellos.

Ya Marx nos avisó contra la frialdad inmoral que se deriva de las tesis esenciales de los economistas clásicos (Smith, Ricardo), quienes analizaban la realidad desde variables macroeconómicas que no tenían en cuenta los efectos perversos que determinadas políticas pueden ocasionar sobre la población, especialmente sobre los ciudadanos más desfavorecidos. Marx intentó introducir en la economía política una nueva variable: la sociedad, los trabajadores, las personas de carne y hueso. Criticó a la economía de su época su ceguera moral y la ideología deformante que la acompañaba, a mayor gloria de los intereses de aquellos que detentaban el poder económico. 

Hoy, la política económica de Rajoy es heredera de esta forma de pensar, prima hermana del thatcherismo más agresivo. Toman las decisiones en función de una ecuación básica: cuánto me va a costar, cuánto me voy a ahorrar. De esta lógica queda excluido un análisis serio y responsable sobre los efectos sociales que determinadas medidas pueden ocasionar sobre los ciudadanos empobrecidos por la crisis. No incluyen la pregunta a quién va a beneficiar, cómo a afectar a quienes tienen menos. Rajoy, Seguí y el resto de su rebaño perciben a la sociedad civil como un conjunto de individuos independientes y libres, que aprovechan las oportunidades con ingenio y esfuerzo para mejorar su existencia. Aquel  a quien le fue mal en la vida, debe dejar de quejarse, levantarse y seguir trabajando. Su suerte se mide en función de su tesón y capacidad de trabajo. Los conservadores no creen en el Estado Social, no creen que el Gobierno deba corregir los desequilibrios económicos que genera el sistema económico. Y mucho menos cree que el Estado deba intervenir en los sistemas financieros. El laissez faire es un axioma insobornable. Hace unos días, una amiga, fiel creyente en el catecismo conservador, me decía: «el problema de España es que hay muchos vagos». He aquí el primer mandamiento de la derecha española: trabaja o muere. El conservadurismo español no ha cambiado tanto desde el siglo XIX. Siguen creyendo que la pobreza es en realidad un defecto natural y congénito, no una consecuencia de las deficiencias del sistema. Cada cual se merece lo que tiene. 

Cuando oigo a algunos ciudadanos decir que izquierda y derecha la misma cosa son, no puedo estar menos de acuerdo. Quizá las políticas económicas de izquierda hayan sido durante estas últimas décadas cobardes y complacientes con los mercados financieros; quizá no hayan querido (o podido) atajar los excesos que necesariamente han conducido a la explosión de la burbuja. El que escribe es el primero que crítica esta desviación de las políticas económicas de izquierda hacia los patrones impuestos por una Europa cada vez más conservadora. Esto no resta que las políticas de izquierda sean (o debieran ser) más sensibles con las injusticias sociales, introduciendo medidas que universalicen el acceso a los servicios públicos y fomenten la igualdad de oportunidades, más allá del cruel albedrío del mercado. Por el contrario, las políticas de derecha dejan al ciudadano sin medios ni recursos a merced de la arbitrariedad del sistema económico, reproduciendo los viejos patrones clasistas decimonónicos.

Ramón Besonías Román
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